En un tenso episodio en el centro de Buenos Aires, jubilados argentinos que se manifestaban pacíficamente contra el veto del presidente Javier Milei a una reforma jubilatoria fueron duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad.

La marcha, que se inició en el Congreso y se dirigía hacia la Plaza de Mayo, buscaba la defensa de los derechos de los adultos mayores y para expresar su rechazo a las políticas económicas del gobierno actual.

Decenas de organizaciones de jubilados se congregaron desde temprano en puntos emblemáticos de la capital para alzar su voz contra la decisión presidencial.

Sin embargo, lo que comenzó como una manifestación pacífica de la población de la tercera edad, pronto se tornó en una escena de alarma cuando la Policía Federal exigió violentamente la dispersión de los manifestantes en las inmediaciones del Congreso.

El conflicto surge a raíz del veto anunciado por Milei a una ley aprobada por el poder legislativo que buscaba mejorar los ingresos del régimen previsional.

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El presidente argumenta que «el proyecto aprobado por el Congreso tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno». No obstante, la realidad económica que enfrentan los jubilados parece contar una historia diferente.

La reforma vetada contemplaba un aumento de $17.000 para el salario mínimo vital y móvil, además de recomponer los haberes jubilatorios a los niveles de noviembre de 2023, restituyendo un 8,1% correspondiente a la diferencia entre la inflación de enero y el ajuste del 12,5% otorgado por decreto gubernamental.

Datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) revelan la magnitud del impacto económico en los jubilados: entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, cada jubilado que percibe la mínima ha acumulado una pérdida de $704.000, equivalente a 2,4 jubilaciones mínimas.

En términos prácticos, esto significa que, en los últimos nueve meses, a valores de noviembre de 2023, los jubilados han recibido el equivalente a solo seis meses y medio de haberes.

Actualmente, la jubilación mínima se sitúa en $225.540, que con un bono adicional de $70.000 alcanza los $295.540. Esta cifra representa una pérdida real de más del 5% en comparación con el mismo mes del año anterior, evidenciando el deterioro del poder adquisitivo de este sector vulnerable de la población.

La represión a los manifestantes tensiona el debate sobre la situación económica de los jubilados argentinos, poniendo de relieve la brecha entre las políticas gubernamentales de la ultra derecha y las necesidades apremiantes de uno de los sectores más vulnerables de Argentina.

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